Familia de Esperanza exige su liberación
La Familia de Esperanza Sánchez exige su liberación asegurando que se trata de un encarcelamiento político ya que la ciudadana participo de las marchas azul y blanco, apoyando plantones, exigiendo justicia para […]
La Familia de Esperanza Sánchez exige su liberación asegurando que se trata de un encarcelamiento político ya que la ciudadana participo de las marchas azul y blanco, apoyando plantones, exigiendo justicia para Nicaragua y libertad para los presos y presas políticas del país.
«Se trata de un circo, acá no hay consumidores, ni expendedores de droga», dijo ante los medios de comunicación don José Abener García Sánchez quién exige la liberación de su hermana.
Jorge Fernando Sánchez no ha podido ver a su mama, asegura que es una falta de respeto lo que hicieron con su progenitora, una mujer que alzo su vos contra las injusticias sociales, ahora su vida está en peligro ya que padece de una enfermedad crónica.
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«Se llevaron a mí mama y nos siguen asediando», dice Jorge mientras detalla ante los medios de comunicación lo que han vivido en los últimos días.
«Mi madre siempre se mantuvo en la lucha, la gente la conoce, ha sido una fuerte opositora y se que no se va a rendir», finaliza diciendo el hijo de la presa política de Matagalpa.
Juan Ramon López hermano de Esperanza dice que está en juego su sangre y no los van a callar hasta que se deje en paz a su familiar.
«Desgraciadamente la historia se repite en nuestra familia, mi padre lucho contra Somoza y hoy persiguen a mi hermana», dice López mientras critica el actuar en el proceso judicial que se sigue en contra de su hermana.
María Esperanza Sánchez de 51 años de edad, fue capturada el domingo 26 de enero en Managua y según la acusación emitida por el Ministerio publico junto al matagalpino Víctor Manuel Sosa Herrera, ambos están siendo acusados por el delito de tráfico de estupefacientes psicotrópicas y sustancias controladas. La familia de Esperanza está dispuesta a seguir denunciando todas las arbitrariedades en este proceso pues aseguran se trata de un caso político y no de un delito común.