Nuevas leyes promovidas por el gobierno “ponen una lápida a procesos de trabajo de las organizaciones”
Nuevas leyes en Nicaragua, Ley de Agentes Extranjero y Ley de Ciberdelitos, están estancando el trabajo de las organizaciones no gubernamentales en el país
Radio Vos
10:31 am
22/03/2021
Matagalpa, Nicaragua
Para el doctor Giovani Campos, de Tribunales estatales, y experto en derechos humanos, en un análisis sobre la implementación de dos leyes que limitan el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y medios de comunicación, Ley de Agentes Extranjero y Ley de Ciberdelitos, “ponen una lápida a procesos de trabajo de las organizaciones”.
La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, conocida como “Ley Putin”, vigente desde octubre 2020, indica que los ciudadanos y ONGs considerados por el gobierno como “agentes extranjeros” están obligados a inscribirse ante el Ministerio de Gobernación (Migob) a fin de ser fiscalizados por percibir fondos del exterior.
Mientras que con “70 votos a favor, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional aprobaron la iniciativa de la Ley Especial de Ciberdelitos que protege los derechos y libertades de las y los nicaragüenses, establecidos constitucionalmente”.
Giovanni Campos, explicó cómo se ha venido estableciendo el marco jurídico regulatorio para las organizaciones «hemos tenidos una ley acéfala, la Ley 147, eso permite que el Ministerio de Gobernación establezca normativas de control interno. Además de los requerimientos legales y administrativos que se establecen para las organizaciones, la ley contempla los bloqueos de fondos»
El gobierno criminalizará a aquellas organizaciones que trabajan temas democráticos, y observatorios ciudadanos de información y difusión. Estos espacios son incluso perjudicados por la ley ciberdelitos por lo que las oenegés tendrán que buscar estrategias para continuar laborando.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) rechazó la implementación de la Ley de Agentes Extranjeros en Nicaragua así como las afectaciones a varias organizaciones de la sociedad civil. La CIDH reitera que el contenido de la ley es inconvencional y llamaron a las autoridades estatales a su derogación.
Las organizaciones que no cuentan con constancias legales, tendrán más atrasos para la firma en el Ministerio de Gobernación. Según Campos esto de debe a que «desde los acontecimientos de abril 2018, hay organizaciones que no cuentan con constancias que obligatoriamente Gobernación tiene que extenderles».
En cuanto a los medios de comunicación que no están registradas como empresas comerciales, también están incluidos como agentes extranjeros, por lo que obligatoriamente tendrán que firmar, si no, habrá graves afectaciones en la sostenibilidad de los mismos.
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Ante este panorama en Nicaragua donde el gobierno de Daniel Ortega amenaza con firmar a centenares de oenegés y medios de comunicación independiente, la CIDH sostuvo que, el ejercicio de las libertades públicas, entre las cuales está la libertad de expresión, es especialmente crítico en períodos electorales, en que la sociedad debe tener acceso a información que exprese diversos puntos de vista sobre los asuntos públicos.
La Comisión hizo un llamado al Estado de Nicaragua, a derogar las normativas de ley, así como a dejar sin efecto las leyes que impiden el ejercicio de las libertades públicas, que obstaculizan el debate democrático y que impiden el funcionamiento regular de las organizaciones de la sociedad civil en Nicaragua.
