Gobierno de Nicaragua acusa de lavado de activos bajo un marco jurídico que no goza de credibilidad

El delito de lavado de activos es también conocido como lavado de dinero, blanqueo de capitales o legitimación de capitales ¿esto sucede en Nicaragua?
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Radio Vos
3:25 pm
26/02/2022
Matagalpa, Nicaragua

Hablar o debatir sobre derechos humanos es casi imposible en un país donde impera la desigualdad, inacceso a la justicia, y violencia estatal. Más difícil aun, cuando nos referimos a la responsabilidad patrimonial que el estado debe ejercer para evitar actos como el lavado de dinero y corrupción, actividades que hieren la integridad pública del país, y son una destrucción a los sentimientos morales de los derechos humanos.

La Ley 641 o código penal de Nicaragua hace referencia y sanciona las acciones corruptas que se realizan dentro y fuera del país, así lo dice el artículo 15 de la ley, pero no solo a ciudadanos comunes, sino también a quienes ostentan cargos públicos.

Delitos y verdad en Nicaragua

Entre algunos de los delitos cometidos en Nicaragua según señala el Código Penal están; El allanamiento ilegal, Tráfico ilegal de migrantes, abuso de autoridad o funciones, denegación de acceso a la información pública, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, lavado de dinero, tortura y desapariciones de personas por mencionar las más relevantes. Todo esto se desarrolla pese a que en el país existe un ordenamiento jurídico que sanciona estas conductas. La duda es, ¿se sancionan estas acciones y a quiénes se acusa?

Lo que sí sabemos es que más de 100 organizaciones no gubernamentales y Universidades Privadas han sido víctimas de esta represión Estatal, sus personerías jurídicas fueron canceladas arbitrariamente con miles de escusas administrativas, que no son más que un boleo, dado que son vistas como financiadoras del terrorismo, una visión política que responde a un pase de factura por tener un pensamiento crítico de las políticas de Estado.

Llama la atención que la Unidad de Análisis Financieros (UAF) en sus informes presentados previos al 2019 nunca mencionó, ni siquiera la sospecha, de la existencia de una red de terrorismo, entonces ¿Por qué ahora?

Leyes aprobadas por el gobierno

¿Sabías vos que las organizaciones no gubernamentales denunciaron en su momento la mala administración pública y las violaciones a los derechos de la ciudadanía nicaragüense?

Después del 2018, después que la ciudadanía se alzara en defensa de sus derechos además de la reacción violenta y represiva contra las personas manifestantes el gobierno Ortega Murillo y la Asamblea Nacional aprobaron leyes como la 976 Ley de la Unidad de Análisis Financiero y la Ley 977 Ley contra el lavado de activos el financiamiento al terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas destructivas masiva. Así como sus reglamentos y posteriores adiciones y reformas como una forma de frenar el trabajo y la ayuda a las organizaciones y personas que consideraron peligrosas para su estabilidad en el poder.

En cadena nacional el mandatario Daniel Ortega ha realizado acusaciones a las organizaciones no gubernamentales, señalándolas de financiamiento al terrorismo cuando se sabe perfectamente la procedencia del dinero, un dinero muy lícito procedente de la cooperación internacional, que cada año las organizaciones presentaban su informe anual al Ministerio de Gobernación y ellos extendían una carta certificando su legalidad de trabajo.

Cuando hablan de financiamiento al terrorismo se refieren a; proveer, entregar, recibir, administrar, custodiar o guardar fondos, bienes o recursos para el apoyo de grupos armados o grupos terroristas nacionales y extranjeros, pero saben perfectamente que esas acusaciones no son reales, no existen pruebas de que las ONG estén involucradas en estos señalamientos. De comprobarse estos delitos las penas irían de 15 a 20 años de prisión.

Mecanismos internacionales que regulan acciones lícitas e ilícitas

Por si no lo sabías, existen mecanismos internacionales que regulan actividades indebidas en países como Nicaragua, entre ellos están; la Unidad de Análisis Financiero (UAF) Lavado de activos (LA) Financiamiento al terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de destrucción masiva (FP) y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a este último muchos países lo toman como referencia para fijar estándares internacionales.

Durante años Nicaragua ha promovido acciones de cara a la prevención del crimen organizado, tras tener como política de estado; la incautación de activos provenientes de actividades ilícitas y transacciones del crimen organizado.

Es cierto que en el año 2012 se creó la Unidad de Análisis Financiero mediante la Ley 793, conocida comúnmente (UAF), esta ley fue publicada en la Gaceta en este mismo año en el mes de junio.

¿Y a finales del 2018 que pasa?, se crearon dos leyes más que son la Ley 976 y la Ley 977 publicada en la Gaceta en octubre de este mismo año.

Con el surgimiento de estas leyes se creó también la Comisión Nacional, que está integrada por las instituciones; Poder Judicial, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Procuraduría General de La República, Ministerio Público, Policía Nacional, Superintendencia de Bancos y otras instituciones financieras como la Comisión Nacional de Micro finanzas y a misma Unidad de Análisis Financiero.

Además, el gobierno se apoya de la Ley de Seguridad Soberana Ley 919 de diciembre de 2015, que, a pesar de no ser para la prevención de crimen organizado, se está utilizando como norma complementaria para ciertas investigaciones que vinculan a actividades ilícitas donde se incluyen a las ONG.

A pesar que la UAF aborda el tema de la autonomía queda claro dentro de la ley que el control lo tienen las autoridades presidenciales quienes nombran a sus directores y subdirectores y son ellos quienes deciden a quienes investigar y a quienes nos y sobre todo deciden como y de que te pueden acusar aplicando leyes manejadas a su entera discrecionalidad.


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