¿En que estamos fallando? Los femicidios duelen

El aumento de los feminicidios es una realidad que no podemos ignorar. Estamos fallando de una forma en la que todos y todas somos responsables. La responsabilidad es compartida y urge un […]
7:07 pm
27/06/2024

El aumento de los feminicidios es una realidad que no podemos ignorar. Estamos fallando de una forma en la que todos y todas somos responsables. La responsabilidad es compartida y urge un Sistema Eficaz contra la Violencia de Género, aseguraron defensoras y activistas de DDHH en el programa de Conversando realizado el 12 de junio titulado ¿En qué estamos fallando? Los femicidios duelen en Radio Vos Matagalpa, Nicaragua.

Para encaminarnos en la erradicación de la violencia es necesario que se cumpla con la ruta de acceso a la justicia, se necesita voluntad política para respetar y aplicar las leyes como la Ley 779. Una de las defensoras quien colabora con católicas por el derecho a decidir – sede de Nicaragua – dijo que:

“La problemática de la violencia de género es responsabilidad de toda la sociedad, incluyendo a la comunidad, la familia, el estado, y las iglesias. No se está cumpliendo adecuadamente la ruta de acceso a la justicia, y esto afecta gravemente a las mujeres, sus familias, y especialmente a las madres y abuelas que deben asumir la crianza de los hijos de las víctimas. La erradicación de los feminicidios requiere más que simples campañas educativas; se necesitan políticas efectivas y una verdadera voluntad política para implementar medidas preventivas y sancionadoras. Las leyes y convenciones internacionales, como la CEDAW y la Belém do Pará, abogan por la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres, pero deben ser aplicadas con seriedad y sin prejuicios”, aseguro la defensora.

El aumento de los feminicidios es una realidad que no podemos ignorar. A junio del 2024 Nicaragua ya cuenta con 44 femicidios, un récord preocupante de casos, superando con creces las cifras de años anteriores para este mismo periodo del año.

“Este incremento se debe a una combinación de factores como la impunidad, la falta de prevención y de denuncias, y el insuficiente apoyo comunitario”,

Fueron las palabras de esta feminista y defensora de DDHH de la zona de Matagalpa. Ella comenta que en la actualidad las mujeres no denuncian por temor o desconfianza en el sistema, y cuando lo hacen, sus agresores a menudo no cumplen las penas, lo que las deja en una situación de vulnerabilidad extrema.

“Es urgente que tomemos medidas efectivas para protegerlas y asegurar que la justicia sea verdaderamente accesible y efectiva.» Dijo en su entrevista.

Un problema que empeora la situación de violencia que viven las mujeres urbanas y rurales es que las defensoras tienen dificultades para acompañar a las mujeres debido a restricciones y falta de fondos, además del miedo a represalias. Por otra parte, la defensora asegura que;

“la impunidad permite que la violencia continúe, con procesos judiciales largos, lentos, costosos y a menudo revictimizantes por temor o desconfianza en el sistema judicial. A menudo, los agresores no cumplen sus penas y, al quedar libres, buscan a las víctimas para continuar el abuso o terminar con sus vidas”.

La pregunta seguía sonando en #Conversando ¿En qué estamos fallando? Otra de las invitadas contesto

«Estamos fallando en la protección de las mujeres y el acceso a la justicia. He visto cómo se excarcelan a casi 40,000 delincuentes de alta peligrosidad, incluidos feminicidas y violadores, dejándolos en libertad para cometer más crímenes. Las mujeres están en un total desamparo institucional; cuando denuncian violencia, son enviadas de un lugar a otro, sin recibir atención adecuada, lo que las lleva a desistir de buscar justicia”

Esta defensora señalo que ella ha visto cómo obligan a las mujeres a mediar con sus agresores, una acción equivalente a mediar con asesinos según su opinión dado que esta situación aumenta la vulnerabilidad de las mujeres sobrevivientes de violencia machista.  Por otro lado, se lamenta como las organizaciones de mujeres que antes podían acompañar a las mujeres hoy día ya no pueden hacerlos porque fueron cerradas y hasta confiscadas.

“Este estado fallido y misógino refleja un sistema que odia a las mujeres y falla en brindarles la protección y justicia que merecen. Necesitamos urgentemente un cambio real y efectivo.»

Para las defensoras de DDHH de Nicaragua, se está fallando en la protección de las mujeres y el acceso a la justicia debido a varias razones críticas:

  1. Escarcelación de Delincuentes: Se han liberado a casi 40,000 delincuentes de alta peligrosidad, incluyendo feminicidas y violadores, dejándolos en libertad para cometer más crímenes.
  2. Desamparo Institucional: Las mujeres que denuncian violencia enfrentan un proceso caótico, siendo enviadas de un lugar a otro sin recibir atención adecuada, lo que las lleva a desistir de buscar justicia.
  3. Revictimización y Medición Obligada: Las mujeres son obligadas a mediar con sus agresores, lo que es equivalente a mediar con asesinos, aumentando su vulnerabilidad.
  4. Falta de Apoyo: Las organizaciones de mujeres que solían acompañar a las víctimas en su proceso ya no existen, dejando a las mujeres sin apoyo.
  5. Estado Fallido y Misoginia: La falta de institucionalidad y el odio hacia las mujeres se reflejan en un sistema que falla en protegerlas y brindarles justicia, evidenciando un estado fallido y misógino.

Estas fallas crean un entorno donde los agresores pueden continuar con sus abusos, y las mujeres quedan desprotegidas y sin justicia.

La violencia contra las mujeres en Nicaragua es una problemática grave y persistente, agravada por la falta de cumplimiento de las leyes y la impunidad. A pesar de décadas de lucha del movimiento feminista, las leyes que buscan proteger la vida y seguridad de las mujeres no se respetan. Los delincuentes, incluidos feminicidas, son liberados sin cumplir sus penas, reflejando un desprecio por la ley y la vida de las mujeres.

El feminicidio es la máxima expresión del machismo y la misoginia, donde algunos hombres, sintiéndose dueños de la vida y cuerpos de las mujeres, las agreden verbal, emocional, psicológica, física y sexualmente, llegando incluso a asesinarlas. Esta situación revela una gran responsabilidad estatal y social. La complicidad social se manifiesta cuando las agresiones son ignoradas o aceptadas en familias y comunidades, perpetuando el ciclo de violencia.

La sociedad nicaragüense esta cansada de tanta violencia machista y busca como detener esta pandemia, por eso parte de aceptar que la responsabilidad es compartida y es urgente cambiar de estrategia para erradicar esta violencia que no solo daña a la mujer que la vive sino a la familia, a la comunidad y a la sociedad en su conjunto.

“Para prevenir la violencia de género, es crucial comenzar con la educación en igualdad desde la escuela y el hogar. Los niños deben aprender a respetar el «no» de una mujer y a actuar de manera igualitaria, mientras que las niñas deben saber que merecen ser bien tratadas y que la violencia en el hogar no debe repetirse en sus propias relaciones. También es fundamental vencer el miedo y la falta de apoyo comunitario, dejando de ver la violencia como un problema individual y privado, ya que afecta a toda la sociedad”, dijo una de las defensoras.

También señalo que apoyar a las víctimas de violencia implica entender que las mujeres pueden regresar con sus agresores por razones emocionales y logísticas, pero el objetivo es detener la violencia, no necesariamente forzar una separación. El apoyo familiar, de amistades y vecinal facilita a las mujeres tomar la decisión de poner fin a la violencia. No podemos continuar pensando que a las mujeres les gusta que le peguen.

“hay que eliminar el mito de que a las mujeres les gusta ser maltratadas y fomentar la autoestima en niños y niñas para que no vean la violencia como una solución”, aseguró esta defensora.

Como sociedad, es esencial rechazar la violencia, apoyar a las víctimas y denunciar los casos, incluso si las víctimas no lo hacen. Debemos demandar el cumplimiento de las leyes que protegen el derecho de las personas, especialmente de las mujeres, a vivir libres de violencia.

 


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