Colectivo Nicaragua Nunca Más contabiliza más de 100 casos de personas a las que se les ha negado la entrada al país
«Entre 2021 y 2024, este colectivo ha sistematizado un total de 111 casos públicos de nicaragüenses a quienes se les negó la entrada a Nicaragua.
5:30 pm
30/10/2024
El Colectivo Nicaragua Nunca Más presentó un informe en el que detalla que han documentado 111 casos de apátrida de facto de nicaragüenses. El régimen ha tomado la decisión de quitar la nacionalidad a los ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno de Nicaragua, que inició persecución contra opositores desde 2018.
«Entre 2021 y 2024, este colectivo ha sistematizado un total de 111 casos públicos de nicaragüenses a quienes se les negó la entrada a Nicaragua. Fueron obligados a salir del país o no se les renovó su pasaporte en el extranjero, lo que los mantiene en apátrida de facto, causándoles graves consecuencias», describe parte del informe.
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Este colectivo explicó que, si bien la apatridia se ha materializado a partir de las declaratorias de desnacionalización de 452 nicaragüenses entre 2023 y 2024, «desde hace varios años se ha identificado una política que se podría traducir como apátrida de facto». A estas personas se les ha negado la entrada al país y no tienen acceso a sus documentos.
Esto significa que las personas desterradas y apátridas son nicaragüenses solo en papel, pero en la práctica no lo son, ya que no pueden gozar de los derechos consignados en la Constitución Política del país. Por esta razón, este organismo humanitario considera que todo esto se trata de un delito de lesa humanidad.
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Asimismo, el informe destaca que los grupos más afectados son los religiosos, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, feministas, músicos, sociólogos y hasta diputados, como el caso del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, quien en abril de 2023 fue impedido de ingresar a Nicaragua y posteriormente secuestrado.
El informe también describe que este patrón comenzó a denunciarse en los primeros meses de 2021, cuando comenzó la represalia contra periodistas y comunicadores que fueron citados ante el Ministerio Público en Managua, como parte de una persecución por informar sobre las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos por el gobierno de Nicaragua.
