Colectivo Nicaragua Nunca Más presenta noveno informe sobre tortura en Nicaragua
Desde el inicio de las protestas en 2018, se estableció la práctica de detenciones arbitrarias con la intención de transmitir un mensaje de terror y control a la población.
4:43 pm
12/12/2024
El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, a través de su Observatorio Nicaragüense contra la Tortura, presentó el noveno informe sobre tortura, el cual brinda una breve mirada a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra las personas presas políticas en estos casi siete años de continuos ataques sistemáticos y generalizados a la población nicaragüense.
La sistematicidad de estos ataques, en varias ocasiones generalizados en gran parte del territorio nacional, comenzó de forma sostenida desde abril de 2018. La mayoría de estos crímenes se han ejecutado de manera consistente durante estos siete años, materializándose en los crímenes de lesa humanidad como asesinato, deportación o traslado forzado de población, encarcelamiento, tortura, violación o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable, desaparición forzada y persecución. Exceptuando el primero, todos estos crímenes se han perpetrado, en parte o en su totalidad, contra personas presas políticas, según afirmó el abogado y defensor de derechos humanos Salvador Marenco.
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El defensor también explicó: “Como parte de la labor de documentación de este Colectivo, se han sistematizado 229 testimonios de personas sobrevivientes de tortura y de familiares de personas actualmente detenidas o desaparecidas, quienes han sufrido directamente estos crímenes”. Los actos registrados datan de las primeras detenciones en 2018 y se extienden hasta las y los presos políticos actuales, ofreciendo una radiografía de estos casi siete años de constante práctica de tortura.
“De las víctimas documentadas, 46 son mujeres y 183 hombres. Desde el inicio de las protestas en 2018, se estableció la práctica de detenciones arbitrarias con la intención de transmitir un mensaje de terror y control a la población. Una vez suprimidas las protestas, se instauró un estado de excepción de facto que ha permitido, en estos siete años, la detención arbitraria de más de 2,000 personas”, describe el informe. La mayoría de estas detenciones fueron realizadas por agentes policiales y grupos paraestatales, al margen de las normas del debido proceso, sin orden de allanamiento o detención, y con una finalidad intimidatoria.
En síntesis, este informe busca contribuir a la búsqueda de justicia para las víctimas y supervivientes de crímenes de lesa humanidad, tales como el encarcelamiento o detenciones arbitrarias, la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada, el traslado forzado o destierro, y la represión a través de la apatridia. Estos delitos no solo podrían ser perseguidos por otros Estados democráticos, sino también por la Corte Penal Internacional.
El Colectivo considera que, al haberse cometido algunos de estos crímenes de forma extraterritorial en Estados parte del Estatuto de Roma, existe una posibilidad de que dicho órgano tenga competencia para investigar, juzgar y sancionar a los responsables. Aunque se reconocen los estrictos requisitos legales para ello, el Colectivo está determinado a explorar esta vía para garantizar el acceso a la justicia.
