Jueza bloquea revocación de parole humanitario
Esta orden judicial impide que la cancelación del parole entre en vigor el próximo 24 de abril de 2025, como estaba previsto, y protege temporalmente a las personas beneficiarias de procesos de deportación acelerada.

Boston, EE. UU. – Una jueza federal bloqueó temporalmente la revocación del programa de parole humanitario CHNV, una medida que podría haber afectado a más de 530,000 personas migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela.
La decisión fue emitida por la jueza Indira Talwani, quien concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) interpretó de forma errónea la ley al intentar acortar el período de permanencia legal de quienes accedieron al país mediante este permiso humanitario.
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Según el fallo, la normativa invocada por el DHS aplica a quienes cruzaron la frontera sin autorización, no a quienes ingresaron de manera legal con parole, como establece el programa CHNV (por las iniciales de los países beneficiados). Esta orden judicial impide que la cancelación del parole entre en vigor el próximo 24 de abril de 2025, como estaba previsto, y protege temporalmente a las personas beneficiarias de procesos de deportación acelerada.
El programa CHNV fue creado durante la administración de Joe Biden para ofrecer una vía legal y segura de ingreso a Estados Unidos a personas migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, siempre que cumplieran con requisitos como: tener un patrocinador financiero, pagar su pasaje aéreo y aprobar controles médicos y de seguridad.
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Entre enero de 2023 y diciembre de 2024, más de 531,000 personas accedieron legalmente al país a través de este programa. Aunque la decisión judicial actual es temporal, brinda un alivio significativo a quienes se acogieron a este proceso migratorio.
El caso aún sigue su curso legal, y se espera que la jueza Talwani emita una decisión final en las próximas semanas. Mientras tanto, las personas migrantes afectadas son alentadas a iniciar trámites migratorios válidos, como el asilo, el ajuste de estatus o el Estatus de Protección Temporal (TPS) antes del 24 de abril, para evitar quedar expuestas a posibles procesos de deportación.