Periodistas en Argentina sufren violencia y desigualdad estructural
FOPEA advierte que el silenciamiento de las periodistas es una amenaza directa a la libertad de expresión. Las agresiones generan autocensura, renuncias y marginación.

La situación de las mujeres periodistas en Argentina refleja un escenario cada vez más complejo, marcado por violencias múltiples, brecha salarial y retroceso en derechos conquistados. Así lo revela el informe Periodistas amenazadas, realizado por el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), con el apoyo de la UNESCO y el Fondo Mundial para la Defensa de los Medios (GMDF), a partir de entrevistas a 215 profesionales del país.
El estudio, publicado en marzo de 2025, denuncia que todas las periodistas con redes sociales han sufrido violencia digital. Las agresiones no son hechos aislados ni espontáneos: provienen de cuentas verificadas, estructuradas para atacar y amedrentar con insultos, acoso, vigilancia y exposición pública. Esta violencia organizada tiene como objetivo silenciar voces, especialmente las que ejercen un periodismo con perspectiva de género.
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La violencia psicológica, institucional, económica, sexual y física afecta directamente el bienestar y la carrera de las comunicadoras. La maternidad, lejos de brindar alguna forma de resguardo, se convierte en una fuente de vulnerabilidad. Muchas mujeres periodistas enfrentan mayores exigencias laborales mientras son sostén económico de sus hogares, lo que las empuja a tolerar situaciones de abuso o precarización por la necesidad de subsistir.
La desigualdad también se expresa en los salarios. La mayoría de las encuestadas afirmó ganar menos que sus colegas varones por realizar las mismas tareas. A esto se suma la dificultad para acceder a puestos jerárquicos, un techo que limita las aspiraciones y refuerza un esquema de exclusión dentro de las redacciones. La falta de reconocimiento no solo frena el crecimiento profesional, sino que contribuye al desgaste emocional y a la salida forzada de muchas del ámbito periodístico.
FOPEA advierte que el silenciamiento de las periodistas es una amenaza directa a la libertad de expresión. Las agresiones generan autocensura, renuncias y marginación. La violencia, además de dañar a quienes la padecen, erosiona la democracia al empobrecer el debate público y reducir la pluralidad de voces.
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La situación se ha agravado durante la gestión del presidente Javier Milei, que niega la existencia de la brecha salarial y de la violencia de género. Además, su gobierno impulsa la derogación o desfinanciamiento de leyes fundamentales para los derechos de mujeres y diversidades, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o el cupo laboral trans. En este contexto, el periodismo feminista es uno de los blancos principales del discurso de odio.
Sin embargo, las periodistas no se resignan. Reclaman protocolos claros, respaldo institucional, capacitaciones en seguridad digital y visibilización de las agresiones. El informe subraya que, aunque el diagnóstico es grave, todavía hay margen para impulsar transformaciones si se asume el compromiso político, empresarial y social para erradicar las violencias y garantizar la igualdad real en el ejercicio del periodismo.