Femicidios en Nicaragua revelan impunidad y encubrimiento
Desde 2015, más de 48,000 reos han sido liberados bajo “convivencia familiar”, incluso personas condenadas por violencia contra las mujeres. Muchos reincidieron en femicidio tras su liberación.
10:25 am
02/05/2025
Entre 2018 y 2024, La Lupa y Despacho 505 documentaron 360 crímenes contra mujeres en Nicaragua. La investigación revela que solo el 24 % de los agresores fueron condenados por femicidio, mientras el resto permanece en la impunidad o recibió penas menores.
El caso de Blanca Nubia Pérez, asesinada brutalmente frente a sus hijas en 2021, permanece sin justicia tres años después. Su historia es una de las muchas que exponen cómo el Estado encubre la violencia machista al limitar el reconocimiento del femicidio al ámbito de pareja.
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Según el análisis, el 46 % de los casos no tiene registro judicial, y en el 19 % la Policía no identificó a los agresores, pese a tener datos de las víctimas. Solo 88 casos (24,4 %) fueron procesados como femicidios.
La base de datos fue construida mediante la verificación de registros del Observatorio Voces contra la Violencia de Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), publicaciones periodísticas y el sistema judicial nicaragüense. El estudio revela cómo el sistema estatal invisibiliza la violencia de género, desmantela las instituciones de protección y libera a agresores bajo regímenes de “convivencia familiar”.
El caso de Elliette Loásiga, fallecida tras una discusión con su prometido, también evidencia el encubrimiento. La Policía concluyó que fue “suicidio extemporáneo”, sin investigar las denuncias de femicidio, pese al vínculo del sospechoso con altos funcionarios del gobierno Ortega-Murillo.
Expertas feministas denuncian una política de omisión deliberada. La socióloga María Teresa Blandón asegura que el Estado actúa como cómplice de los femicidas al negar justicia y mantener en silencio a las víctimas.
Desde 2015, más de 48,000 reos han sido liberados bajo “convivencia familiar”, incluso personas condenadas por violencia contra las mujeres. Muchos reincidieron en femicidio tras su liberación.
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En el Caribe Norte, donde la impunidad es más alta, decenas de casos siguen sin resolverse. Aunque se relanzaron más de 400 Comisarías de la Mujer desde 2020, defensoras denuncian que son solo fachada, sin personal capacitado ni enfoque de género.
La violencia extrema contra las mujeres persiste, mientras el sistema legal y policial no responde de forma efectiva. La demanda principal de las organizaciones feministas es el acceso a la justicia, la verdad y garantías de no repetición para las víctimas y sus familias.
