Gobierno de Nicaragua presenta ley que amenaza las áreas protegidas
La Fundación del Río alerta que esta nueva ley podría poner en grave peligro la integridad de las Áreas Protegidas al permitir su explotación económica sin considerar adecuadamente su conservación.
12:00 am
04/05/2025
El 23 de abril de 2025, el gobierno nicaragüense presentó ante la Asamblea Nacional la iniciativa de la «Ley de Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible», un proyecto que, según la Fundación del Río, podría modificar profundamente la gestión de las Áreas Protegidas en el país. La organización ambiental ha expresado su preocupación por los cambios propuestos, que permitirían la explotación de recursos naturales en zonas que, hasta ahora, se habían destinado exclusivamente a la conservación.
Eliminación de regulaciones clave
Uno de los puntos más alarmantes es la derogación del Reglamento de las Áreas Protegidas (Decreto Ejecutivo N°01-2007), que había sido una herramienta crucial para la protección del medio ambiente. La nueva ley propone redefinir las Áreas Protegidas, cambiando su denominación a Áreas de Conservación Ambiental y Desarrollo Sostenible (ACADS). Esta reforma abriría la puerta a la legalización de actividades extractivas, como minería, hidrocarburos y geotermia, en áreas que previamente solo se destinaron a la protección de los ecosistemas.
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Legalización de actividades extractivas
El proyecto de ley contempla permitir actividades económicas dentro de las Áreas Protegidas, como la explotación de minerales, hidrocarburos y la construcción de infraestructura para almacenar hidrocarburos. Este cambio es parte de una política neo-extractivista impulsada por el gobierno desde 2007 y ha despertado preocupaciones sobre su impacto en la biodiversidad y el equilibrio ecológico de Nicaragua.
Impacto en ecosistemas y comunidades
Además de la explotación de recursos naturales, la ley también permitiría la caza de fauna y la pesca dentro de estas áreas, lo que antes solo se permitía en casos específicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. La construcción de infraestructura hidráulica también se permitiría, lo que podría alterar irreversiblemente los ecosistemas acuáticos y terrestres de las Áreas Protegidas.
La reforma eliminaría el Co-Manejo, un modelo de gestión compartida que involucraba a las comunidades locales, dejando en manos del Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales (MARENA) la exclusiva autoridad para decidir sobre los delitos ambientales y sus sanciones.
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Riesgos y preocupaciones
La Fundación del Río alerta que esta nueva ley podría poner en grave peligro la integridad de las Áreas Protegidas al permitir su explotación económica sin considerar adecuadamente su conservación. Se teme que las modificaciones conduzcan a la destrucción de ecosistemas esenciales para la estabilidad ambiental y el bienestar de las comunidades que dependen de estos recursos.
Además, la reforma podría comprometer el futuro de las próximas generaciones al priorizar un modelo extractivista insostenible. La comunidad internacional está siendo llamada a intervenir, ya que este modelo pone en riesgo no solo la biodiversidad y los ecosistemas, sino también el bienestar social y económico de las poblaciones locales.
