Estado ignora violencia de género en Nicaragua
El desmantelamiento institucional ha agravado la situación, debilitando la protección legal y cerrando organizaciones que defienden los derechos de las mujeres.

La violencia de género en Nicaragua ha alcanzado niveles alarmantes en 2025, con un incremento significativo en los casos de femicidio y agresiones. Esta tendencia refleja un aumento preocupante, tras haber registrado cifras récord en 2024, año en que fueron asesinadas 91 mujeres, la cifra más alta en 14 años.
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Actualmente, el Estado continúa ignorando esta crisis que deja en creciente vulnerabilidad a mujeres y niñas nicaragüenses. “Las mujeres y las niñas están desprotegidas en Nicaragua. No tienen cómo ni dónde denunciar. Los casos de violencia son cada día más alarmantes y lo más duro es que no cuentan con el acompañamiento de organizaciones”, señala Kenia López, feminista y defensora de derechos humanos.
El desmantelamiento institucional ha agravado la situación, debilitando la protección legal y cerrando organizaciones que defienden los derechos de las mujeres. La Ley 779, que fue un avance importante contra la violencia de género, ha sido modificada para restringir la tipificación del femicidio, dejando fuera casos de agresores que no pertenecen al entorno familiar. La impunidad también persiste, con numerosos casos sin justicia.
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Kenia López añade: “A pesar de la gravedad de la situación, el gobierno ha minimizado la crisis y ha promovido iniciativas de prevención que, aunque bien intencionadas, no han logrado frenar la ola de violencia”. Mientras tanto, las mujeres siguen enfrentando un sistema que no les garantiza seguridad ni acceso a la justicia.
Organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional han expresado su preocupación por la falta de acciones efectivas por parte del Estado nicaragüense. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿cuánto tiempo más se ignorará esta emergencia antes de que se tomen medidas reales para proteger a las mujeres y niñas que cada día están más desprotegidas?