La lucha de las personas migrantes por una vivienda digna
Garantizar una vivienda digna para las personas migrantes no solo mejora su calidad de vida, sino que también fortalece su integración social y económica.
2:57 pm
26/05/2025
La crisis de acceso a una vivienda digna es una realidad que afecta a muchas comunidades, pero para las personas migrantes la situación suele ser aún más compleja. La falta de acceso a alquileres accesibles, la discriminación y las barreras burocráticas son solo algunas de las dificultades que enfrentan al intentar establecerse en un nuevo país.
En ciudades con altos índices de migración, la demanda de viviendas económicas supera con creces la oferta. “Muchas personas migrantes se ven obligadas a vivir en condiciones precarias, como habitaciones sobreocupadas, viviendas sin servicios básicos o incluso en refugios temporales”, señala una especialista consultada por este medio.
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La incertidumbre sobre su estatus migratorio y la falta de documentación legal agravan aún más su situación, limitando sus posibilidades de firmar contratos de alquiler o acceder a programas de asistencia social.
A esto se suma la discriminación, tanto directa como indirecta. En algunos casos, propietarios se rehúsan a alquilar a personas migrantes, exigiendo requisitos imposibles de cumplir. En otros, los precios de alquiler para esta población pueden ser más altos que los del mercado general. “La falta de políticas inclusivas y de regulación efectiva contribuye a que esta problemática continúe sin solución”, lamenta la especialista.
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Organizaciones defensoras de los derechos de las personas migrantes han alzado la voz ante esta crisis, exigiendo acciones gubernamentales que garanticen el acceso a viviendas adecuadas y programas de apoyo. Algunos países han implementado iniciativas como subsidios de alquiler o viviendas sociales dirigidas a poblaciones vulnerables, pero muchas de estas soluciones siguen siendo insuficientes frente a la creciente demanda.
Garantizar una vivienda digna para las personas migrantes no solo mejora su calidad de vida, sino que también fortalece su integración social y económica. Es urgente adoptar medidas efectivas que permitan a esta población acceder a condiciones habitacionales seguras, reconociendo su aporte a la sociedad y garantizando su derecho fundamental a un hogar.
