Cancelación del TPS deja en riesgo a nicaragüenses
Se estima que unas 4,000 personas nicaragüenses perderán su estatus legal, quedando expuestas a la deportación si no encuentran otra vía migratoria.
La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para personas nicaragüenses ha generado una ola de preocupación entre miles de migrantes que han residido legalmente en el país por más de dos décadas.
Durante años, este país se ha convertido en un lugar de oportunidades para quienes decidieron migrar en busca de un futuro más digno para sus familias, ya que en Nicaragua las condiciones económicas, sociales y políticas son adversas.
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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció que el TPS para Nicaragua expirará oficialmente el 6 de septiembre de 2025. A partir de esa fecha, las personas beneficiarias tendrán 60 días para regularizar su situación migratoria o abandonar el país.
Este estatus fue otorgado en 1999 tras el paso del huracán Mitch, que dejó miles de muertes y una devastación masiva en Centroamérica. “Vine a Estados Unidos bajo ese programa humanitario, lo perdimos todo. Aunque he logrado construir algo, todavía me falta. Mis hijos están aquí, y si no arreglo mis papeles, me tocará irme de regreso”, comparte don Carlos, un nicaragüense afectado.
Se estima que unas 4,000 personas nicaragüenses perderán su estatus legal, quedando expuestas a la deportación si no encuentran otra vía migratoria. Muchas de ellas han formado familias, tienen empleos estables y vínculos comunitarios fuertes que ahora se ven amenazados.
La cancelación también implica la pérdida del permiso de trabajo, lo que afectará directamente la estabilidad económica de miles de hogares. Ante esta situación, organizaciones migrantes han comenzado a ofrecer talleres legales y sesiones informativas para orientar a la población sobre alternativas como el asilo o el ajuste de estatus.
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El DHS argumenta que las condiciones extraordinarias que motivaron el TPS han mejorado, citando avances en infraestructura y capacidades institucionales en Nicaragua. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos señalan que el país sigue enfrentando graves violaciones, persecución política y crisis económica, lo que vuelve inviable un retorno seguro.
“Imaginar mi regreso a un país donde no hay condiciones para vivir me desespera. La economía está mal, la violencia ha incrementado. No sé qué hacer, me siento como cuando te cae un balde de agua fría”, expresa otro migrante nicaragüense.
La cancelación del TPS para Nicaragua marca un punto de inflexión en la política migratoria de Estados Unidos y deja a miles de personas en una encrucijada legal y emocional. La comunidad internacional observa con atención mientras las personas afectadas buscan alternativas para no ser arrancadas de la vida que han construido durante más de 20 años.
