El gobierno de Ortega Murillo liberó el pasado 11 de junio a 56 presos políticos a través de una ley de amnistía, como parte de los acuerdos firmados entre el gobierno con la Alianza Cívica para la justicia y la democracia.
Unos de los compromisos que firmó fue que el 18 de junio sería la fecha límite para liberar en su totalidad a todos los presas y presos políticos del país.
En el transcurso de los meses se realizaron excarcelaciones gracias a la presión internacional, de organismos defensores de derechos humanos, y del pueblo nicaragüense autoconvocado además de miembros del movimiento 19 de abril.
Para el jurista Julio Ruiz Quezada, “la ley de amnistía consiste en el olvido total de los delitos políticos y los comunes conexos”, pero ¿A quién beneficia esta ley?.
«Al decretar la amnistía incluye a la parte del gobierno que cometió la mayoría de los delitos políticos que hubo durante el año pasado, aquí el favorecido es el gobierno», dice Ruiz.
Al gobierno Ortega Murillo, se le acusa de delitos de lesa humanidad y violación a los derechos humanos, es por ello, que todas las “leyes que se han aprobado tienen un sentido favorable al gobierno, y se le considera un gobierno perdonador “, afirma Quezada.
Con la liberación de al menos 300 presos políticos, Ortega no estaría cumpliendo con todos los acuerdos firmados, ya que este es uno de las principales exigencias de la ciudadanía, pero aún faltan muchos por cumplir, como el derecho a la manifestación pública, dice el abogado el quien explica de la siguiente manera.
«Falta permitir que los exiliados regresen al país, que se devuelvan las propiedades y los equipos a los periodistas», explica el jurista.
El mes de junio es crucial, debido a que las sanciones de la comunidad internación están previstas a aplicarse y según el analista político, estas son irreversibles ante las leyes que el gobierno ha impuesto en Nicaragua.
«Sanciones como la Nica Act ya es imposible detenerlas», dice Ruiz.
Ante las presiones internacionales la comunidad nicaragüense exige que las sanciones sean aprobadas y los responsables de la masacre desatada en el contexto de la crisis sean castigados. A criterio de Ruiz Quezada estos han tratado de encubrir sus delitos a través de leyes, como la ley de Amnistía, que para muchos excarcelados políticos es inconstitucional.