En Nicaragua hay una gran población con discapacidad sensorial auditiva (personas sordas) y una de las problemáticas es la falta de acceso en la educación formal, porque no hay profesores que tengan la habilidad de lenguaje de señas, para impartir clase a este sector. Esto los vulnera en el ámbito social.
Según una nota publicada en el diario La Prensa, no hay cifras actuales del panorama de esta condición en el país, la discapacidad sensorial auditiva, porque desde el año 2009 no se actualiza el censo de las Personas con Discapacidad (PCD) realizado por el programa del Minsa “Todos con voz”; el problema del analfabetismo, es preocupante.
“La niñez y juventud no está aprendiendo a leer y escribir por estas limitantes”, asegura la especialista en psicología infantil y fundadora del Centro de estimulación Infantil María Reina en Matagalpa Juniet Cruz Rizo, donde trabaja con distintas discapacidades.
De acuerdo con el censo de las Personas con Discapacidad la prevalencia de personas con discapacidad a nivel nacional es del 2.43%, que representa a 126,316 personas con discapacidad física, sensorial e intelectual.
Nicaragua con una población de 6 mil 466 millones de habitantes hasta el 2018, el 12. 7 % de esta tiene discapacidades sensoriales auditivas, aunque estas estadísticas no se actualizan a la fecha. A juicio de la licenciada Juniet Cruz, el hecho que estas niñas, niños o jóvenes no acceden a la escuelas primarias, secundarias y universidades, se vuelven vulnerables y con escasas oportunidades escolares, de empleo y de acceso público.
En la ley 763, ley de los derechos de las personas con discapacidad, en su artículo 38 detalla, el acceso a la educación gratuita y de calidad en un sistema inclusivo en todos los niveles educativos. Esto para promover que las personas discapacitadas tengan formación académica sin sufrir ningún tipo de discriminación o rechazo, «las instituciones en Nicaragua no están preparadas para atender a esta población», comenta la especialista.
Aunque también, no solo es asunto educativo sino de acceso público, enfatiza Cruz, quien hace referencia a la prestación de servicios público en este caso, las denuncias de violencia, donde en un caso específico no fue tomada por que no había quien interpretara y la persona estaba sin acompañante.
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«La población sorda esta vulnerable en todos los ámbitos sociales, solo tiene acceso a los espacios en centros de atención especial, dejándolos fuera del sistema en la educación formal, sumado a esto su familia no sabe el lenguaje de señas», añade la psicóloga.
Ante esta situación que viven las personas con discapacidad, la población sorda en este caso, se podrían buscar alternativas, desde políticas de estado para que puedan tener más acceso y oportunidades, para Juniet Cruz, se debería de exigir propuestas de ley donde se capacite a las personas que tienen que dar servicio a las personas con discapacidad.
La discapacidad es una condición que padecen algunas personas, y como todo ser humano debe ser tratado, con respeto e igual de condiciones. Ya existe la ley, pero aún falta que gestionar el cumplimiento.