La Ley de Regulación de Agentes Extranjeros que promueve el gobierno de Daniel Ortega es un proyecto similar a los proyectos de leyes en Rusia, Ucrania y otros países, y de aplicarse en Nicaragua, traería enormes repercusiones desde las restricciones a fondos de la sociedad civil, a confiscaciones de oenegés.
La normativa propone impedir que organizaciones o personas que reciban financiamientos de gobiernos y agentes internacionales intervengan en las políticas internas del país.
El economista matagalpino, Rodrigo Rizo, explicó que el proyecto de ley que quiere aprobar el gobierno de Ortega, también busca limitar el trabajo y participación a organizaciones en posibles procesos electorales, incluyendo restringir fondos.
Según Rizo «se está presionando a las organizaciones para que dejen de participar y alzar la voz. Toda acción política tiene un impacto económico, al final el estado busca tener un control absoluto». La ley solo ha sido debatida entre funcionarios de la cancillería, la policía, la fiscalía, la Unidad de Análisis Financiero y el Ministerio de Gobernación, todos organismos del Estado.
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La ley, suspende derechos políticos de agentes extranjeros, y autoriza la confiscación de sus bienes bajo el argumento de la defensa de la soberanía y la seguridad del Estado nicaragüense «es una ley bastante delicada, si las organizaciones no cumplen con los requerimientos pueden ser confiscadas bajo esta ley, las personas pueden recibir hasta 15 años de cárcel», enfatiza el economista.
Por su parte, Gonzalo Carrión, defensor de los derechos humanos en Nicaragua, en el exilio en Costa Rica, consideró que la iniciativa legal persigue la ratificación de “la dinastía Ortega Murillo” en el país.
“Es copia de otros países, como Rusia. ¿La intención? Apagar todo tipo de expresión, seguir reprimiendo, criminalizar el periodismo independiente y cualquier viso de derecho constitucional”, dijo, en su intervención en el foro Violación a los derechos humanos en América Latina.