“La reflexión debe ser profunda, no se puede normalizar la desaparición de niñas y niños, mucho menos la muerte de las mujeres que va en aumento”, expresa la defensora de derechos humanos Ruth Marina Matamoros, psicóloga del Grupo Venancia.
Para Matamoros, Nicaragua no es un país seguro y ha crecido la vulnerabilidad de las mujeres con la liberación de presos que han salido a las calles «esto nos está poniendo a la par de otros países que ya tenían altas cifras como El Salvador y Guatemala», agrega.
La sociedad en general debe estar alerta y demandar medidas de seguridad. Recientemente se dio a conocer sobre la reforma a la Constitución de Nicaragua que consiste en la incorporación de la cadena perpetua, según Matamoros la cadena perpetua no viene a resolver la situación de violencia que se vive en el país.
La especialista hace un llamado para que se pueda garantizar la seguridad de las mujeres, niñas y niños «el llamado no solo es para la sociedad, también para las y los funcionarios de este país que en sus manos está la seguridad de todas las personas».
El año pasado Nicaragua cerró con 71 femicidios y 115 femicidios frustrados, en la zona norte se vivió con indignación la muerte de dos niñas de Mulukuku, una niña de 4 años de Pancasán, Matiguás, el femicidio de una mujer embarazada junto a su niña de 4 años en el barrio Sabadell y un femicidio en el barrio 25 de abril Matagalpa.
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Las organizaciones que defienden los derechos de las mujeres y niñez demandan alerta roja por la vida de las mujeres, además exigen mayor atención de parte de las autoridades cuando se denuncia un hecho de violencia extrema.
Según el dato de Católicas por el Derecho a Decidir, en la mayoría de estos hechos que atentan contra la vida de las mujeres en Nicaragua, las mujeres habían interpuesto una o más denuncias por violencia intrafamiliar, pero estas no prosperaron, se vieron obligadas a seguir viviendo con el agresor, sobreviviendo a la violencia y los resultados fueron desbastadores.