El Gobierno de Nicaragua a través de la Procuraduría General de la República, oficializó la orden de «inmovilización y decomiso» de aquellos bienes inmuebles a 222 ex presos políticos que fueron desterrados y enviados hacia Estados Unidos en febrero.
“La liberación de los presos políticos nunca viene sola”, dijo una especialista en derechos humanos, que advirtió sobre los decomisos.
El 12 de junio en Managua desde una sala penal se dictó la sentencia donde, se ordena decomisar en nombre y a beneficio del Estado de Nicaragua «todas las acciones y sociedades mercantiles» de las personas desnacionalizadas en ese momento.
La acción se realiza bajo el argumento de “responder a los delitos cometidos, con el propósito de garantizar la paz social, la independencia, la autodeterminación del Estado de Nicaragua».
Cabe mencionar que estas 222 personas de diferentes departamentos del país estuvieron en las cárceles de Auxilio Judicial, La Esperanza y el Nuevo Chipote, acusados de «cometer actos que incitan a la violencia, el terrorismo y la desestabilización económica».
Durante su excarcelación también, fueron declarados “apátridas y traidores a la patria” perdiendo así sus derechos como nicaragüenses.
De Matagalpa habían varios presos políticos entre estos los sacerdotes Ramiro Tijerino, el vicario José Luis Díaz, el padre Sadiel Eugarrios vicario de la Catedral; Raúl Vega y los seminaristas Darvin Leiva Mendoza y Melkin Centeno; así como el camarógrafo del canal TV Merced Sergio Cárdenas, el Periodista de la Diócesis de Matagalpa Manuel Antonio Obando y Wilberto Artola, periodista de TV Merced, entre otros.
A raíz de lo sucedido varios países del mundo se solidarizaron con estas personas y más tarde ofrecieron nacionalidad, tal es el caso de España, México, Argentina y otros que ofrecen la posibilidad a los desterrados de establecerse y nacionalizarse en sus países para gozar de libertad, Derechos Humanos y Nacionales.