Delincuentes parcialmente libres ponen en vilo a sobrevivientes de violencia.

Tras la iniciativa del gobierno actual de liberar a más de 8 mil reos bajo el régimen de convivencia familiar que comenzó el año pasado, la población en general está amenazada y […]
9:38 am
19/04/2016

sistema penitenciario matagalpaTras la iniciativa del gobierno actual de liberar a más de 8 mil reos bajo el régimen de convivencia familiar que comenzó el año pasado, la población en general está amenazada y en particular las mujeres, niñez y adolescentes.

De ese total de 8 mil reos que están libres, 845 fueron liberados este año.

En el mes de febrero, la coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, Rosario Murillo, anunció dicha disposición como parte de “una política humanitaria y de reconciliación y unidad de las familias nicaragüenses”.

El ex viceministro de Gobernación, José Pallais Arana, considera la decisión del gobierno  como una iniciativa que tiene el ánimo de favorecer a una clientela política de cara a las elecciones.

“Se ha puesto sobre el poder judicial a un aparato que está humillando a los jueces, humillando al poder judicial en su conjunto, imponiendo decisiones sin criterio legal y con un criterio político”, agregó en entrevista a un medio escrito nacional.

Por su parte, Paz Arauz, de la red de mujeres contra la violencia en Matagalpa, habla sobre los temores de las mujeres, provocada por la salida de delincuentes y la falta de actuación de parte de la población.

Entrevista: Paz Arauz

El grado de inseguridad de las sobrevivientes de violencia aumenta por la información negativa que la población tiene acerca de la aplicación de la ley 779, ley integral contra la violencia hacia la mujer.

Algunas por temor de que su agresor quede libre y que cumplan sus amenazas de muerte, se ven obligadas a callar y no interponer las denuncias.

Ante esta situación, la defensora de derechos humanos llama a todas las organizaciones a divulgar la ley y aclarar a la población que la 779, está vigente y las autoridades tienen la obligación de aplicarla garantizando la seguridad de las víctimas y castigando a los agresores.


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