Cadena perpetua por crímenes de odio, ¿Trampa o solución a la violencia de género?

Defensoras de derechos humanos y feministas realizan análisis acerca de cadena perpetua en Nicaragua

Después que se conoció el femicidio de dos niñas de 10 y 12 años en la comunidad Lisawe, jurisdicción de Mulukukú, Región Autónoma Caribe Norte, donde las niñas fueron raptadas, violadas y luego asesinadas por Rosario Soza Centeno a quién la Policía Nacional presentó como principal sospechoso, el gobierno de Daniel Ortega solicitó a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) una reforma a la ley para establecer en el país la pena de cadena perpetua para quienes cometen “crímenes de odio”, como lo describió su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo en cadena televisiva.

La reforma, explicó Murillo, busca penalizar con prisión a cadena perpetua «a quienes cometan estos delitos que no corresponden con la cultura nicaragüense», sin especificar el tipo de crimen al que hizo referencia, según ella, se hace para castigar las graves violaciones a los derechos humanos.

Para la feminista, Odelba Meza, defensora y promotora de derechos humanos de la Red de Mujeres de Matagalpa, es necesario analizar el problema de independencia de los poderes del estado y qué se está entendiendo por crimen de odio «pensamos que es peligroso en muchos sentidos porque dejar un termino de crímenes de odio es demasiado amplio, a como puede ser por un femicidio también puede ser por razones políticas».

El asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas, refiriéndose al discurso del gobierno aseguró que, “es un doble discurso, porque por un lado ellos (la dictadura) dicen una cosa, mientras hacen lo contrario”, y no descartó que este tipo de acto sea para afectar a los opositores.

En Nicaragua nunca ha existido una ley de cadena perpetua y tampoco se ha solicitado para su existencia, más bien, se ha exigido se cumpla la ley 779, ley integral contra la violencia hacia la mujer. La inseguridad ciudadana, también es otro problema que tiene que ser trabajado con urgencia.

Para la defensora de derechos de las mujeres, Odelba Meza, la posible reforma a la ley “no es necesaria porque no soluciona el problema que tenemos de inseguridad, de machismo y violencia sexual en Nicaragua”, todo porque no se aplica la ley 779. «Leyes hay muchas pero no se aplican porque hay un sistema de impunidad», enfatiza Meza.

“Hay que debatirlo, cuestionarlo, y no creer que (la cadena perpetua) soluciona el problema”, porque incluso “un criminal sigue teniendo derechos”, reflexiona Meza.

Mientras tanto, movimientos feministas consideraron que el anuncio de la reforma es una “acción desesperada” del gobierno para apaciguar las críticas que han recibido ante los recientes crímenes.

María Teresa Blandón, del Movimiento Feminista de Nicaragua, dejó claro que no creen ni confían en las acciones del gobierno Ortega Murillo, debido a que a estas alturas todos “conocemos que el régimen ha sido cómplice, encubridor de la violencia machista” en el país, reveló al diario LA PRENSA.

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Juanita Jiménez, abogaba feminista del Movimiento Autónomo de Mujeres, comentó que la violencia machista es estructural y es necesario trabajar la prevención de la violencia y promover la aplicación de la ley 779 para erradicar el problema. «Hay que rechazar la ley de cadena perpetua, primero porque es inconstitucional y segundo porque tiene fines de oportunismo político», asegura la abogada.

Durante los últimos años, el gobierno de Daniel Ortega, ha liberado un centenar de presos que no cumplieron sus condenas, y debido a ese accionar, la inseguridad ha empeorado, violadores y asesinos siguen cometiendo delitos, los mismos del pasado.

Como sociedad, queda reflexionar que en Nicaragua no se necesita una ley de cadena perpetua porque es “incongruente”, además solo en casos de no haber tratados y firmas internacionales de derechos humanos, se podría reformar, antes no.

“Queda mucho por hacer, mucha educación en las familias, análisis, debates, abrir los ojos, escuchar y creerles a nuestras niñas y niños. Toda la sociedad en general indignada y aterrorizada es responsable de trabajar para cambiar, y crear relaciones más igualitarias”, indicó la defensora de los derechos de las mujeres, Odelba Meza.

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