Despojo de personerías jurídicas a 24 ONGs representa que “en estos momentos no importa la ley” dice abogado

Cancelan personerías jurídicas a 24 organizaciones, según la Asamblea Nacional "por incumplir con sus obligaciones legales". Para defensor de derechos humanos estas acciones “son políticas”

Continúan las amenazas a organizaciones no gubernamentales y expertos en derechos humanos denuncian arbitrariedad porque están dirigidas a “limitar y suprimir el derecho la libertad de expresión”, nos dice el abogado defensor Carlos Guadamuz del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +.

Hasta el día de hoy seis médicos han sido citados por el Ministerio de Salud, con la amenaza de cancelarles la licencia médica por divulgar y brindar información sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. Incluso las amenazas suponen denunciar bajo la ley de Ciber delitos.

Para el defensor de derechos humanos del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca +, Juan Carlos Arce, estas acciones “son políticas” donde se pretende “silenciar voces de médicos independientes que han acompañado a la población y han estado denunciando la grave situación en el manejo de la pandemia”.

El político opositor José Antonio Peraza Collado es uno de las 29 personas detenidas y acusadas por el presunto delito de “traición a la patria”. Todas las acusaciones han ocurrido durante estos dos recientes meses y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ya condenó estos actos y ordenó “liberación inmediata”.

Para el defensor de derechos humanos las instituciones actúan fuera de la ley. «Están utilizando las funciones que tienen para perseguir, criminalizar y amenazar», situaciones como las que describe el abogado Arce, son asociadas con el autoritarismo y abuso de poder, porque nunca antes se había visto en Nicaragua ni en ningún otro país del mundo.

¿Puede el gobierno cancelar las licencias médicas y qué respaldo legal tendrá? «De ninguna manera pueden, si se aplicara el marco legal vigente en Nicaragua, en este contexto donde no importan las normas ni las leyes pueden hacerlo».

El secretismo político y negación del derecho a la información del gobierno obligó a médicos independientes tener que proporcionar información a la población para asegurar el bienestar del país y parar más contagios.

Oenegés despojadas de su personería jurídica

En este contexto el Ministerio de Gobernación presentó una iniciativa de Ley ante la Asamblea Nacional para solicitar la cancelación de personerías jurídicas de 24 organizaciones no gubernamentales.

Con 72 votos a favor y 16 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó despojar de sus personerías jurídicas a 24 organizaciones, la mayoría asociaciones médicas críticas con el manejo oficial de la pandemia. El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos repudió esta acción del gobierno donde exponen que las organizaciones solamente “han velado por la salud y la vida de las y los nicaragüenses”, se lee en su cuenta de Twitter.

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Según el MIGOB las oenegé «no han desarrollado sus actividades al margen de la ley y actuado contra ley expresa”, contraviniendo lo establecido la Ley 997, Ley de Lavado de Activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y su reglamento, la Ley general sobre personas jurídicas sin fines de lucro, y la normativa del Departamento de Asociaciones.

Algunas de las oenegé recientemente despojadas de sus personerías jurídicas son; la Asociación Nicaragüense de Neumología e Infectología, la Asociación Médica Nicaragüense, Asociación Acción Internacional por la Salud Nicaragua, la Asociación Nicaragüense de diabetóloga y Asociación Nicaragüense de Psicólogos y otras 18 oenegé.

“Si los médicos continúan, seguramente viene una nueva etapa de criminalización” cree el abogado Juan Carlos Arce en su conclusión agregando que “en estos momentos no importa la ley” porque no hay “ni normas”, legales.

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